“La llegada del actual gobierno valenciano y de la Consellera de Justicia Sra. Bravo en junio de 2.015, supuso para el acceso a la justicia gratuita y al turno de oficio una noticia positiva, dada su aparente buena disposición.
Sin embargo desde marzo de 2.017, tras las medidas de reorganización y de redistribución de competencias llevada a cabo en la Consellería de Justicia, venimos asistiendo a un extravagante proceso, que dura ya más de un año, en el que se suceden los incumplimientos de compromisos adquiridos, la exigencia de los más variados requerimientos de información, de forma desordenada e improvisada, la exigencia de aplicación de nuevos criterios de facturación sin soporte normativo, la inaudita afirmación de que parte del nuevo decreto de justicia gratuita, aprobado en 2.017 por el propio Consell, no puede ser aplicado, y la exigencia de cada vez más servicios, sujetos en ocasiones a criterios atrabiliarios.
Todo ello ha supuesto en 2.017 un incremento muy sustancial de los costes de organización de la justicia gratuita en la Comunidad Valenciana, que soportamos los Colegios de Abogados, lo que ha venido acompañado de una sustancial reducción de las subvenciones que se reciben por este concepto. La Consellería de Justicia ahorra costes trasvasando tareas a los Colegios de Abogados, y vuelve a ahorrar costes reduciendo las subvenciones que pagaba en ejercicios anteriores, para la organización del turno de oficio.
La conclusión de tanta improvisación y desorden es la degradación del servicio público de la justicia gratuita en la comunidad valenciana, sin más razón para ello que la impericia y el desconocimiento de la materia que se gestiona. Hoy es necesario recordar que a las tareas de gobierno se debe llegar estudiado y aprendido.
Recientemente hemos tenido que leer pretenciosos informes, elaborados por becarios ad hoc, que junto a un conjunto de obviedades, han tratado de apuntar a reformas disparatadas de la justicia gratuita, en las que infringiendo todas las leyes imaginables, se pretende explorar la defensa de oficio por personas que no son abogadas, y por entidades cuya idoneidad solo puede encontrarse en su relación personal con responsables de la justicia gratuita en la Consellería de Justicia.
En el día de ayer todos los límites de falta de respeto a la abogacía valenciana se han desbordado. A través de sus canales de comunicación la Consellería ha difundido que la Sra. Bravo se ha reunido con una Plataforma de Abogados del Turno de Oficio, absolutamente desconocida y carente de la más mínima representatividad. No contenta con ello se atreve a afirmar que ha alcanzado un acuerdo de incremento de las retribuciones del Turno de Oficio con dicha Plataforma. Incapaces de dialogar y de alcanzar acuerdos con el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, construyen una fantasmal plataforma para aparentar unos acuerdos inexistentes, mientras que los Abogados siguen teniendo que asumir, obligatoriamente, múltiples actuaciones, no baremadas, cuya retribución viene reclamando el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, sin respuesta de la Conselleria.
El incremento de baremos no nace por generación espontánea ni fruto de lo ocurrido ayer. Aparte de las reuniones particulares que han mantenido los Colegios, el CVCA se ha reunido en lo que va de año en cinco ocasiones con los máximos representantes de la Conselleria en materia de Justicia Gratuita reivindicando todas las mejores pertinentes. Para preparar esos encuentros y hacer las propuestas, hay detrás un gran trabajo no retribuido, realizado por los representantes de la Abogacía elegidos democráticamente. Además, el CVCA ha mantenido contacto casi diario con los representantes de la Conselleria, atendiendo sus peticiones y reivindicando en cada caso un mejor trato a los Abogados de oficio en diversas facetas.
En todas las reuniones hemos presentado propuestas de mejora y sólo nos hemos mostrado parcialmente conformes con los baremos propuestos porque entendemos que a final de año no se va a gastar todo el presupuesto destinado a la justicia gratuita, porque se baja la retribución a los órganos que organizan el sistema de justicia gratuita y porque consideramos indigno que siga habiendo letrados que realicen trabajos que no se les retribuyen porque la Conselleria incumple su propio Decreto.
Como únicos representantes legítimos, democráticamente elegidos por todos los abogados de la Comunidad Valenciana exigimos a la Consellera de Justicia Sra. Bravo el respeto institucional al que viene obligada, y que siempre le hemos dispensado; exigimos respeto a la justicia gratuita y a la abogacía que la presta; pedimos respetuosamente al President de la Generalitat, Molt Honorable Ximo Puig, ponga coto al desorden y la improvisación, a las ocurrencias y al incumplimiento de las leyes, a la infrafinanciación y a la falta de respeto institucional que hoy manchan a la Consellería de Justicia del Gobierno Valenciano”.