El pasado viernes 2 de octubre, el Ilustre Colegio de Abogados de Castellón ha celebrado su primera Junta General Ordinaria de 2020, inicialmente prevista para marzo de 2020, pero que debió suspenderse como consecuencia del estado de alarma.
La Junta se celebró presencialmente en la sede colegial y con las adecuadas medidas sanitarias de distanciamiento social, ventilación y uso de mascarilla.
En dicha Junta se han aprobado las Cuentas correspondientes al ejercicio 2019 y se ha acordado por unanimidad la medida propuesta por la Junta de Gobierno de exonerar a todos los compañeros la cuota colegial correspondiente al segundo trimestre de 2020 así como la concesión de un aplazamiento de la cuota correspondiente al tercer trimestre para todos aquellos compañeros que lo hubieran solicitado.
El decano del Colegio aprovechó para señalar los hechos más relevantes acontecidos durante el año 2019 como corresponde a esta primera Junta del año y que ha debido trasladarse al último trimestre.
Durante el transcurso de la misma se han repasado algunos de los problemas que en la actualidad más preocupan a los abogados.
El decano ha señalado alguno de los retos que, a su juicio, enfrenta la Abogacía:
▪ Privatización de la Justicia a través de los sistemas alternativos de resolución de conflictos, especialmente la mediación, que puesta en manos de operadores privados tendrá efectos negativos en aspectos tan sensibles como la creación de jurisprudencia, igualdad de armas entre las partes de un proceso, transparencia …, con posibilidad de socavar principios fundamentales del Estado de Derecho tal y como se ha concebido tradicionalmente en nuestro ámbito, donde una función tan básica se había reservado tradicionalmente a los poderes públicos.
En este ámbito, señaló que “sorprende la ingenuidad de algunos de nuestros políticos, absolutamente entregados a una privatización de la Justicia en un ámbito de la resolución de conflictos ante el colapso de los juzgados. Una resonancia magnética no la puede realizar una clínica privada, pero la decisión judicial se pretende trasladar a operadores privados.”
▪ Irrupción de las grandes corporaciones de internet al sector legal, prestando servicios online a través de la Inteligencia Artificial que pretende sustituir la presencialidad de los letrados como representantes de los ciudadanos ante la Justicia. En este sentido apuntó como la realidad online pretenderá sustituir a la offline tal y como ya ocurre en otros ámbitos de las relaciones personales y económicas. Esta es una transformación muy profunda que llegará al sector legal y respecto a lo que corporaciones de derecho público como los Colegios debemos actuar.
En todos estos ámbitos señaló el decano como “la Abogacía institucional debe estar muy atenta, porque estos procesos no son inocuos y tenemos el peligro de que sean los ciudadanos, especialmente aquellos más vulnerables y con menos recursos, quienes se vean más afectados. Los más pudientes siempre tendrán la posibilidad de acudir a un abogado para que su asesoramiento sea más personalizado y especializado.”
“Es seguro que las autoridades de la competencia verán con buenos ojos estas transformaciones. Su prioridad es la rebaja de precios de los servicios y ven a las grandes corporaciones de internet estadounidenses como la panacea para el abaratamiento de precios. Aspectos como la calidad del servicio, la seguridad y confidencialidad de los datos suministrados a las operadoras, la tutela de los intereses de los más vulnerables parece que deban quedar relegados.”
Pese a todo, recordó como los abogados y abogadas prestan un servicio esencial en un Estado democrático y su actividad trasciende el fundamental derecho de defensa de los ciudadanos para constituirse como garantes del mismo Estado de Derecho y del respeto de los Derechos Humanos.